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El exmilitar Carlos Malatto, a punto de enfrentar el juicio oral en Italia.

Más vale tarde que nunca: después de más de una década evadiendo a la Justicia, el militar retirado Carlos Malatto, prófugo en la Argentina, enfrentará juicio en Italia por algunos de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Malatto fue el segundo al mando del capítulo sanjuanino y mendocino del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio y estaba programado para ser juzgado en 2011 en San Juan, pero logró refugiarse en Italia. Aunque el país europeo rechazó su extradición, una organización de derechos humanos local no se rindió: contactó a familiares de víctimas, insistió ante la justicia local y, respaldada por la anterior gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, logró avanzar el expediente hasta un tribunal. En abril próximo, Malatto será juzgado por ocho homicidios cometidos durante el genocidio argentino.

“Este es el resultado de un largo camino de lucha, los brazos no se bajaron y aquí estamos, en las puertas de un juicio oral para Malatto como lo tuvo Tróccoli”, reflexionó Jorge Ithurburu, presidente de la asociación que impulsó el proceso para que Malatto fuera juzgado en Italia por sus crímenes en Argentina. Después de un largo trámite, la Justicia italiana fijó para el próximo 22 de abril a las 9.30 en Roma la audiencia preliminar de cara al juicio oral al que será sometido el militar retirado argentino.

En julio de 2021, Jorge Tróccoli, un militar uruguayo-italiano, fue condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y al año siguiente fue enjuiciado nuevamente por el homicidio del argentino José Luis Potenza, de su esposa italiana Raffaella Filipazzi, y de la uruguaya Elena Quinteros, también cometidos en años dictatoriales. “Si todo sale como lo esperamos, la realidad de Tróccoli es el futuro de Malatto”, conjeturó Ithurburu.

Malatto tiene 75 años. Durante la última dictadura, fue el segundo al mando del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, conocido como el RIM-22, comandado por el represor Jorge Olivera. Después de la reanudación de los juicios de lesa humanidad tras la nulidad de las leyes de impunidad que protegían a los genocidas, Malatto, que vivía en Mendoza, fue detenido, acusado de 29 crímenes imprescriptibles. Pero el juicio oral tardaba en llegar y, con la demora como excusa, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad, un beneficio que el represor aprovechó al máximo: antes de ser juzgado, se fugó hacia Chile y desde allí hacia Italia, una vez que ese país le otorgó la ciudadanía.

En 2012, la Argentina solicitó un pedido de extradición que la Corte italiana rechazó. En 2013, el juicio en San Juan en el que el militar prófugo iba a ser juzgado culminó con condenas a prisión perpetua para los miembros del RIM 22 acusados. En 2014, con aquella sentencia firme, 24Marzo Onlus insistió sobre su responsabilidad. “En Italia no rige el crimen contra la humanidad como posibilidad de extradición o juzgamiento, pero si alguien es acusado de homicidio, eso es grave, es un delito que es penado con prisión perpetua y no prescribe. Aquella sentencia no dejaba dudas de que los crímenes de los que Malatto es responsable son homicidios, entonces avanzamos”, explicó Ithurburu.

La asociación que preside y sus abogados lo denunciaron por las torturas y los homicidios de Juan Carlos Campora, Marie Anne Erize Tisseau, Jorge Bonil, Alberto Carvajal, Daniel Russo, Alfredo Lerouc, Marta Saroff y Florentino Arias. Malatto vivía plácidamente en una ciudad turística de Génova. La Fiscalía, entonces, comenzó a investigar, mientras la asociación de derechos humanos contactó a familiares de víctimas, llevó a cabo audiencias vía Zoom donde prestaron testimonio e incluso algunos de ellos viajaron a Roma para declarar en persona. Ithurburu y los abogados de 24Marzo Onlus recorrieron en San Juan, Mendoza y Buenos Aires los escenarios de los diferentes secuestros de las víctimas y los centros clandestinos en donde permanecieron cautivas.

“El respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla Corti fue fundamental también”, destacó Ithurburu. Tanto Pietragalla como otros exfuncionarios de esa gestión, vinculados a las áreas de litigio y querellas, se entrevistaron con la Fiscalía para apuntalar la investigación contra Malatto y aportar información. En septiembre pasado, la Fiscal concluyó su investigación donde llegó a la conclusión que Carlos Malatto debía ser juzgado, algo que solicitó formalmente en noviembre de 2023.

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