El 1 de marzo de 1976, días previos al golpe de estado, los hermanos Alfredo y Domingo Arévalo, originarios de Los Juríes, Santiago del Estero, fueron secuestrados y llevados a Tucumán. El 11 de julio de ese mismo año, Carlos Santillán fue secuestrado. Contaba con 28 años y trabajaba como jornalero en el Ingenio San Juan de Tucumán. Tanto los Arévalo como Santillán permanecieron desaparecidos hasta ahora, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos óseos encontrados en lo que se conoce como el Pozo de Vargas, una fosa común donde se recuperaron 149 restos óseos.
La justicia Federal notificó el martes pasado las dos nuevas identificaciones realizadas por el EAAF de los restos recuperados por el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) de esa fosa de inhumación clandestina. El Pozo fue utilizado por el Ejército argentino desde 1975 cuando se implementó el denominado Operativo Independencia, que, con el pretexto de luchar contra las organizaciones guerrilleras, aplicó prácticas represivas que luego se extenderían por todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
Carlos Santillán, obrero azucarero, fue detenido el 11 de julio de 1976 en un operativo en su casa en la Banda del Río Salí, ciudad lindante con la capital tucumana.
El caso de los hermanos Arévalo, vistos detenidos en el centro clandestino de la Jefatura de la Policía tucumana, es más complejo que el de Santillán. El EAAF señaló que “desde el punto de vista antropológico, las características etarias observadas en los restos óseos son compatibles (con Alfredo y Domingo Arévalo), sin embargo, debido a la poca diferencia de edad entre ambos, no es posible hacer una distinción”. Junto a Alfredo y Domingo, también fue secuestrado Alberto (27), otro de los hermanos Arévalo. Anteriormente, el 29 de febrero de 1976, en el conurbano norte, se produjo el secuestro del hermano menor Antonio (23) y Emilio Confesor (47), padre de los cuatro.
El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones en Argentina. Se encuentra en Tafí Viejo, Tucumán, y funcionó antes y durante la dictadura militar.
Con 40 metros, el Pozo de Vargas inicialmente estaba dentro de una finca privada propiedad de Antonio Vargas y fue construido para abastecer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.
A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo se usaba para ocultar los cuerpos de personas secuestradas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la posterior dictadura militar, se inició en 2001 el primer relevamiento de la zona.
El informe con denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, dando lugar a una pericia en abril de 2002 y el inicio de la investigación.
El 10 de febrero de 2023, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la causa “Pozo de Vargas”, después de 20 años de trabajo, “ha llegado al final de la excavación”.
“De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba en el interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, indicó el texto.
